Piden investigar el chiringuito de Cala Varques por desobediencia

Chiringuito de Cala Varques (Foto: EP)
Chiringuito de Cala Varques (Foto: EP)

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha tramitado a la Fiscalía de las Islas dos expedientes administrativos relativos al bar ilegal de Cala Varques para que se estudie un posible delito de desobediencia por parte del propietario de esta instalación. La decisión ha sido tomada después de que el propietario se negara a desmontarla hasta en tres ocasiones, en virtud de la resolución de conseller del ramo, Vicenç Vidal, donde se adoptaban medidas provisionales urgentes.

Dichas medidas consistían en la retirada de las instalaciones, el cese de la actividad de venta de bebidas y comida, así como del depósito de los bienes muebles asociados a esta actividad.

«Responsabilidad penal o administrativa»

En este sentido, el documento advertía al responsable que se abstuviera de llevar a cabo la instalación de la cantina sin las autorizaciones respectivas, «advirtiéndolo que la desobediencia podía dar lugar a la correspondiente responsabilidad penal o administrativa».

Diez actas levantadas en apenas dos semanas

Agentes de medio ambiente han levantado diez actas entre los días 13 y 27 de abril donde se constata que el chiringuito no ha sido desmontado y, concretamente, en tres de estas se refleja que el propietario manifiesta explícitamente que no lo desmontará.

Un chiringuito como domicilio

El propietario ha alegado, en varias ocasiones, que el chiringuito es su domicilio y, por lo tanto, los agentes de medio ambiente no pueden hacer nada, dado que pasa a ser una competencia de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, porque se trata del dominio público maritimoterrestre.

Al menos ocho años de actividad

Cabe resaltar que el responsable del chiringuito reconoció a los agentes de medio ambiente «la finalidad comercial del negocio ilegal» que lleva a cabo, como mínimo, desde hace ocho años, según consta en las actas. El Govern le ha impuso una sanción de 100.000 euros el pasado 1 de abril.

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