Ni uno ni dos. Hasta tres desahucios han sido este martes paralizados: uno en Campos y otros dos en Palma. Cabe recordar que la entidad Stop Desahucios demandó una "movilización máxima" ante los hasta cinco desalojos por impago del alquiler previstos para esta semana en la Isla. El primer lanzamiento hipotecario estaba previsto a las 10:00 horas de este martes en Campos, concretamente en la calle Menorca número 57.
Se trataba del desahucio por impago del alquiler con opción de compra de una familia cuyos miembros padecen distintos grados de discapacidad y "un delicado estado de salud", según señalan los activistas. La asociación acusa a la propietaria de la vivienda de estafar a los inquilinos y a la inmobiliaria en un caso de alquiler con opción a compra. Stop Desahucios ha asegurado que es un "caso dramático".
Los activistas en plena acción (Foto: Facebook)
Otros dos en Palma
Una hora y media más tarde, a las 11:30 horas, estaba programada el desahucio de una mujer en la calle Pablo Iglesias número 48. Según ha explicó Stop Desahucios, la inquilina se retrasó en el pago del alquiler debido a dificultades de salud y ofreció un acuerdo a la propiedad, que según sostiene la entidad, posee también un establecimiento hotelero y diez inmuebles.
Finalmente, ha sido aplazado hasta el 3 de julio tras la protesta organizada por los activistas, que han concentrado unas 40 personas frente a la vivienda.
Según ha explicado un portavoz de la entidad, Joan Segura, el desalojo ha sido paralizado porque no había suficientes agentes de Policía. La protesta se había convocado una hora antes del lanzamiento.
Sin embargo, el Juzgado ha vuelto a señalar el desahucio para dentro de ocho días. Stop Desahucios sostiene que la vivienda tiene una división ilegal y también ha acusado al abogado de oficio asignado a la inquilina de dejarla "indefensa y desinformada".
Suspendido otro mediante una resolución de la ONU
Otro de los desahucios previstos para este martes, en la calle Aragón de Palma, tampoco se ha llevado a cabo. Se ha suspendido a primera hora de la mañana tras recibir el Juzgado un correo electrónico de la Abogacía del Estado solicitando la paralización debido a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, según Stop Desahucios.
La asociación ha detallado que la resolución insta al Estado Español a suspender el lanzamiento para "evitar daños irreparables" mientras se ofrece una alternativa. Además, han apuntado que se trata de una vivienda que había sido de un banco y ahora es "de un fondo buitre", por lo que cuestionan la legitimidad de la entidad financiera para ejecutar el lanzamiento.
La familia no tenía título de alquiler sino que ocupó la vivienda por necesidad, según la asociación, porque querían abandonar un barrio deprimido de la capital y su vivienda había sido derruida.
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