La Fiscalía pide un total de 26 años de cárcel para los 12 militantes de Arran por la protesta organizada el Puerto de Palma en julio de 2017 en contra de la masificación turística. En su escrito, el Ministerio Público les pide penas de entre dos y cuatro años de cárcel y les imputa delitos de desorden público. En concreto, a ocho de ellos les pide dos años de cárcel; a tres, tres años por reincidencia, y a una última acusada, le pide cuatro años de cárcel, en concepto de autoría.
Los hechos tuvieron lugar en julio de 2017 para mostrar su rechazo contra la masificación turística.
Denuncian la criminalización de la juventud organizada
En el escrito de la Fiscalía también se relata que no hubo que lamentar daños materiales debido a que los botes de humo fueron apartados por terceras personas ajenas a la manifestación.
El acto de protesta tuvo lugar en el Moll Vell y en él sus participantes desplegaron pancartas, encendieron bengalas y lanzaron confeti en la terraza de un restaurante. Posteriormente, Arran difundió un vídeo del acto en sus redes sociales.
En un comunicado firmado por Arran y Alerta Solidaria, consideran que el proceso judicial es un nuevo caso de "criminalización" a la "juventud organizada y a la lucha" contra el modelo turístico en Mallorca.
Cabe recordar que en agosto de 2019, Arran efectuó una acción contra los coches de alquiler. En el vídeo publicado para promocionar la actuación se ve cómo pintan, pinchan las ruedas y rompen la luna delantera con un martillo a varios vehículos.
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