El Consell de Govern, a instancias de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, ha aprobado este viernes el primer decreto de reglamento de funcionamiento y organización de los centros específicos para el cumplimiento de medidas privativas de libertad en el marco del sistema de justicia juvenil. En el ámbito de las competencias de Govern de les Illes Balears, el objetivo es conseguir una convivencia ordenada que permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de las personas entre 14 y 21 años infractoras internadas.
Este decreto prevé, entre otras cuestiones, cómo tienen que funcionar estos centros y qué organización tienen que tener. También prevé como hay que acoger al menor que entra en el centro, cuáles son sus derechos y cómo se le deben que notificar.
Aprobado el decreto que reglamenta los centros socioeducativos del sistema de justicia juvenil
Este decreto establece, entre otras muchas cosas, cómo tienen que funcionar estos centros y qué organización tienen que tener; qué significa un centro cerrado, abierto o semiabierto; cuáles son las características qué tiene que tener; cómo hay que acoger al menor que entra en el centro; qué derechos tiene este menor y cómo se le deben notificar estos derechos; qué características tienen que tener los espacios, o qué documentos tienen que tener todos estos centros, como por ejemplo la metodología educativa que aplicarán.
Para elaborar este decreto han sido necesarios tres años de trabajo. Gracias al asesoramiento de los profesionales que han participado, ahora la comunidad autónoma tiene, por primera vez, un decreto que refleja las necesidades metodológicas expresadas por los profesionales y que marca a los gobiernos las pautas que tendrán que seguir a la hora de gestionar los centros socioeducativos.
Entre la información que marca el Decreto hay: la finalidad de los centros; las formas de ingreso; las unidades de convivencia; la custodia policial; el reglamento de régimen interno; el horario de actividades o los principios que rigen la intervención con las personas menores infractoras.
