Obligan a los bancos a ofrecer alquiler social antes de desahuciar

La Mesa de Vivienda de Baleares ha aprobado este lunes un paquete con 25 medidas extraordinarias para paliar la falta de oferta de vivienda y combatir la especulación, y entre otras novedades, el Govern obligará a los bancos a ofrecer alquiler social antes de ejecutar un desahucio. Así lo han anunciado la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller d’Habitatge, Marc Pons, tras la reunión de la Mesa. 

Unas medidas que tienen por objetivo facilitar la promoción, construcción, implantación o uso de viviendas de titularidad pública y poner al alcance de los ciudadanos vivienda asequible en Baleares.

La Mesa de Vivienda de Baleares ha aprobado este lunes un paquete con 25 medidas extraordinarias para paliar la falta de oferta de vivienda y combatir la especulación (Foto: CAIB)
La Mesa de Vivienda de Baleares ha aprobado este lunes un paquete con 25 medidas extraordinarias para paliar la falta de oferta de vivienda y combatir la especulación (Foto: CAIB)

Medidas extraordinarias ante una situación límite

El Govern cederá suelo público, mediante concurso y temporalmente, para construir VPO con recursos privados, y aumentará el control a los grandes propietarios. Asi, se introducen mecanismos de control a los grandes propietarios y un aumento de las sanciones a aquellos que no cedan sus inmuebles vacíos según marca la Ley de Vivienda.

Además, el Govern sacará a concurso cesiones temporales de suelo público para que promotores privados edifiquen viviendas. La cesión será por un máximo de 75 años, y si se destinan a alquiler, la renta tendrá un precio fijado por el Ejecutivo.

El paquete de medidas aprobado este lunes también amplía el derecho de tanteo y retracto del Govern. Podrá ejercerlo en suelo de VPO y edificios enteros, e intervenir en operaciones entre grandes propietarios. Por ejemplo, podrá ejercer este derecho en los suelos o promociones de bancos que vayan a ser vendidas a fondos de inversión o a sus sociedades inmobiliarias.

Por otra parte, se articularán mecanismos para agilizar la concesión de licencias para construir viviendas de protección oficial, mediante acuerdos con colegios profesionales y ayuntamientos; y cambios urbanísticos para que se puedan construir viviendas dotacionales -destinadas a colectivos concretos- en suelo reservado a equipamientos.

Atender las demandas sociales urgentes

En el aspecto social, también se reservarán viviendas del Ibavi para servicios sociales, y se creará una mesa interinstitucional para abordar casos de extrema urgencia. Otras medidas recogidas en el paquete acordado este lunes son un decreto para regular el sector inmobiliario y combatir el intrusismo, y otros decretos que desplieguen la Ley de Vivienda; el incremento de las ayudas al alquiler, ya previsto para este 2020.

También recoge el Plan de Inversión en Construcción de Vivienda Pública, con 40 millones para la construcción de VPO. La Presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recordado que este año habrá casi 600 VPO en construcción o licitación y ha señalado que la cantidad de viviendas de las que disponía el Ibavi al inicio de la legislatura era «irrisoria» para dar respuesta a la demanda.

Por su parte, el consller d’Habitatge Marc Pons, ha avanzado que se trata de las «25 primeras medidas, pero no las últimas» y ha insistido en que la respuesta al problema de al vivienda «debe partir de la mejor gestión del suelo urbano», sin utilizar el rústico.

Todas estas medidas se suman a la iniciativa anunciada, la semana pasada por el Ejecutivo autonómico, de crear el Monitor Balear de l’Habitatge para controlar el sector.

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