El Ajuntament de Son Servera y el de Sant Llorenç Des Cardassar muestran su gran preocupación y decepción ante la resolución adoptada por el Departamento de Costas. Este último, ha decidido dar a Baleares un total de 4’4 millones de euros para realizar las obras que se necesitan tras el paso de la borrasca 'Gloria' y con ello poder arreglar los desperfectos que el temporal dejó en nuestra comunidad. Como ya apuntábamos desde este periódico, cuando conocimos la cantidad económica, el dinero es insuficiente para hacer frente a los cuantiosos e innumerables daños que resultaron después de las intensas lluvias.
Ambos consistorios reclaman que se considere emergencia la regeneración de arena en amplias zonas de la playa de Cala Millor; tal y como solicitaron en los informes que mandaron debidamente documentados al Ministerio del Interior.
La temporada turística en peligro
Los equipos municipales de los dos Ayuntamientos apuntan “Hemos trasladado la importancia y la necesidad de tener en cuenta y valorar los efectos económicos y sociales que la inexistencia de arena en una parte importante de nuestra playa puede ocasionar ante el inminente inicio de la temporada turística”. Critican la resolución recibida este martes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “Hemos constatado, con decepción y preocupación, que las obras y la financiación para la regeneración de arena en amplias zonas de la playa de Cala Millor, convenientemente documentadas en los informes que hemos enviado a la Dirección General de la Costa y del Mar, no han sido declaradas de emergencia”.
En el informe, aseguran los consistorios, solo se prevén las reparaciones como por ejemplo de pasarelas rotas, acordonamiento, cartelera, captadores, así como demolición y limpieza de numerosas estructuras rotas por el temporal; unas intervenciones que serán ejecutadas y financiadas por la Dirección General de Costas y el Mar.
Ahora será responsabilidad de los Ayuntamientos
La consecuencia directa e inmediata de esto es que deja definitivamente, pero con menos tiempo de actuación, en manos de los dos ayuntamientos y del Consorci de Turisme la responsabilidad directa de adoptar las medidas necesarias tanto de tipo técnico como de financiación para mitigar los efectos que la no-declaración de emergencia de la regeneración de la playa pueda tener de manera directa e inmediata en la industria turística de las zonas afectadas y a la imagen general del destino la actual temporada 2020.
El Consorci de Turisme, que constituyen los dos ayuntamientos y la asociación hotelera de la zona entienden que esta Resolución es una noticia muy preocupante, “porque afectará de manera directa a la industria turística próxima en las zonas de playa sin arena y en general a la imagen del destino, y nos sitúa ante un calendario en que, cumpliendo escrupulosamente los requisitos exigidos por las diferentes administraciones de manera ágil, no antes de 3 meses podríamos actuar sobre las zonas más afectadas”.
Piden al Govern y al Ministerio reconsiderar las ayudas
Ante esta situación, el Consorci de Turisme ha decidido de manera inmediata y con cargo a los presupuestos municipales, iniciar las tareas de limpieza y retirada de las piedras sueltas de las playas, además de las reparaciones y reconstrucción de las instalaciones dañadas.
Además, solicitarán reuniones puntuales con el Govern balear para trasladar la necesidad de incorporar recursos económicos procedentes, por ejemplo, del impuesto de turismo sostenible que permitan ayudar los ayuntamientos a financiar acciones que a corto, mediano y largo plazo se tengan que desarrollar. También, solicitarán reuniones con el Consell de Mallorca y con la Direcció General de Turisme de las Islas Baleares porque a través de sus recursos técnicos, económicos y humanos mitiguen los efectos que esta situación causa en su principal producto turístico de sol y playa.
Por último, piden una reunión con la Dirección General de la Costa y del Mar en orden a elaborar y desarrollar un proyecto integral de la zona costera de Cala Millor que incorpore de manera planificada y consensuada parámetros medioambientales, económicos y sociales tal como propone el Ministerio en su Resolución.
